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Colombia: un estudio sobre la corrupción y su impacto en los derechos humanos

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Español Analytics: Show analyticsPublisher: Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública, 2022Description: Recurso en líneaISBN:
  • 97895800000000
Subject(s): DDC classification:
  • 21
Online resources: Content advice: La corrupción es un fenómeno multidimensional con gran capacidad de adaptación a las reformas institucionales que hacen los estados para combatirla y es por esa razón que las meras reformas legales, a través de la creación de tipos penales o normas fiscales o disciplinarias para luchar contra ese flagelo siempre quedan rebasadas por la gran flexibilidad que muestran quienes despliegan estrategias para cometer actos corruptos en diversos escenarios como licitaciones, invitaciones públicas o cualquier forma de contratación estatal o de enganche de personal destinado a labores públicas e incluso privadas. Cuando los estados se enfocan en luchar contra la corrupción tomando como punto de partida únicamente la afectación a las finanzas públicas y dejando de lado la perspectiva del grave impacto que tiene dicho flagelo global sobre los derechos humanos, están contribuyendo a hacer más débiles las posibilidades de realización efectiva de esos derechos, especialmente de los sociales, pues la falta de recursos en países en los que la inversión pública es deficiente en materia social, trunca las posibilidades de garantizar los derechos de una manera adecuada. Los hechos que ha conocido el país en el fallido contrato con Centros Poblados, así lo demuestran, pues el fracaso en el desarrollo de dicho contrato frustró las posibilidades de miles de niños y jóvenes de acceder a internet, y, con ello, de mejorar sus posibilidades de educación y desarrollo personal, especialmente en zonas donde la conexión a la internet era inexistente y que tristemente continuará siendo así por mucho tiempo ante la fragilidad de la justicia por investigar y sancionar los delitos cometidos desde el inicio de la ejecución de dicho contrato. Lo anterior por no nombrar las vías no construidas o la persistente fragilidad del derecho a la salud, que mantienen fuera de los beneficios del desarrollo, inmensas capas de la sociedad, especialmente del sector rural o de las poblaciones pequeñas en nuestro país y en muchos otros que padecen este terrible flagelo. Fuente : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Disponible en el link. https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/123456789/26709
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La corrupción es un fenómeno multidimensional con gran capacidad de adaptación a las reformas institucionales que hacen los estados para combatirla y es por esa razón que las meras reformas legales, a través de la creación de tipos penales o normas fiscales o disciplinarias para luchar contra ese flagelo siempre quedan rebasadas por la gran flexibilidad que muestran quienes despliegan estrategias para cometer actos corruptos en diversos escenarios como licitaciones, invitaciones públicas o cualquier forma de contratación estatal o de enganche de personal destinado a labores públicas e incluso privadas. Cuando los estados se enfocan en luchar contra la corrupción tomando como punto de partida únicamente la afectación a las finanzas públicas y dejando de lado la perspectiva del grave impacto que tiene dicho flagelo global sobre los derechos humanos, están contribuyendo a hacer más débiles las posibilidades de realización efectiva de esos derechos, especialmente de los sociales, pues la falta de recursos en países en los que la inversión pública es deficiente en materia social, trunca las posibilidades de garantizar los derechos de una manera adecuada. Los hechos que ha conocido el país en el fallido contrato con Centros Poblados, así lo demuestran, pues el fracaso en el desarrollo de dicho contrato frustró las posibilidades de miles de niños y jóvenes de acceder a internet, y, con ello, de mejorar sus posibilidades de educación y desarrollo personal, especialmente en zonas donde la conexión a la internet era inexistente y que tristemente continuará siendo así por mucho tiempo ante la fragilidad de la justicia por investigar y sancionar los delitos cometidos desde el inicio de la ejecución de dicho contrato. Lo anterior por no nombrar las vías no construidas o la persistente fragilidad del derecho a la salud, que mantienen fuera de los beneficios del desarrollo, inmensas capas de la sociedad, especialmente del sector rural o de las poblaciones pequeñas en nuestro país y en muchos otros que padecen este terrible flagelo.
Fuente : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Disponible en el link. https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/123456789/26709

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